Hechos y Datos de la Inmigración

Tendencias Nacionales | Tendencias en Texas | Los Inmigrantes y la Economía | Los Inmigrantes y los Servicios Sociales | La Seguridad Fronteriza | La Detección en las Cárceles Federales y los Programas de Acceso de ICE | La Aplicación de las Leyes de Inmigración a Nivel Local y la Seguridad Pública | El Impacto de las Leyes Estatales Anti-Inmigrante | La Inmigración y el Crimen | Los Puestos de Control y Análisis de Placas | La Detención y la Deportación de los Inmigrantes

 

 

TENDENCIAS NACIONALES

A nivel nacional, los inmigrantes (tanto documentados como indocumentados) representan aproximadamente 12.5% de la población del país, en comparación a 11.2% durante el año 2000.  U.S. Census Bureau, “U.S.A. State & County QuickFacts,” January 17, 2012. De acuerdo con un informe del Pew Hispanic Center, el número de inmigrantes indocumentados a nivel nacional en el año 2010 fue 11.2 millones. Jeffrey S. Passell and D’Vera Cohn, “U.S. Unauthorized Immigration Population:  National and State Trends, 2010,” Pew Hispanic Center, February 1, 2011.

Las tasas de inmigración en estados que tradicionalmente no han sido visitados por inmigrantes, como los del Medio-Oeste y Nueva Inglaterra, están aumentando. Ricki Lyman, “Census Shows Growth of Immigrants,” The New York Times, August 15, 2006. Es más y más común que los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos vivan junto a inmigrantes.

La inmigración autorizada está aumentando.  El gobierno federal tiene previsto aprobar 18,000 más solicitudes de naturalización y negar casi 3,300 solicitudes menos que el año pasado. Julian Aguilar, “Legal Immigration Increases in Texas, U.S.,” The Texas Tribune, July 28, 2011.

El número de inmigrantes indocumentados viviendo en los Estados Unidos está bajando. Por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, el número de inmigrantes que emigran, son deportados, o legalizan su estatus es más alto que el número de personas que llegan sin documentos o que se quedan por más tiempo de lo que permite su visa. En general, las tasas de inmigración han bajado 8% desde llegar al nivel más alto en el año 2007.  Passell and Cohn, “U.S. Unauthorized Immigration Population:  National and State Trends, 2010.”

La mayoría de los investigadores atribuyen la disminución de inmigrantes indocumentados a la recesión económica.  Demetrios G. Papademetriou, Madeleine Sumption, and Aaron Terrazas, “Migration and Immigrants Two Years after the Financial Collapse:  Where Do We Stand?” Migration Policy Institute and BBC World Service, 2010; también lean Martha Mendoza, “$90b Spent on Border Security, with Mixed Results,” Boston.com, June 26, 2011. Los datos del censo de los Estados Unidos que fueron analizados por el Pew Hispanic Center muestran que menos de 100,000 inmigrantes mexicanos indocumentados se establecieron en los Estados Unidos en el año 2010; esto es en comparación a un promedio anual estimado de 525,000 personas entre los años 2000 y 2004.  Damien Cave, “Better Lives for Mexicans Cut Allure of Going North,” The New York Times, July 6, 2011.

6 de cada 10 inmigrantes indocumentados radicando en los Estados Unidos son de México.  Cave, “Better Lives for Mexicans Cut Allure of Going North.”

En el lado mexicano de la inmigración, una amplia encuesta indicó que el número de personas interesadas en emigrar a los Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo desde la década de 1950. Los investigadores atribuyen esto a la crisis económica en los Estados Unidos, los tamaños más pequeños de la familia en México, las condiciones peligrosas a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México, un aumento de las oportunidades educativas y de empleo en México, y un aumento en la calidad de vida en general en México.  Papademetriou, et al., “Migration and Immigrants Two Years after the Financial Collapse:  Where Do We Stand?”; también lean Mendoza, “$90b Spent on Border Security, with Mixed Results;” también lean Cave, “Better Lives for Mexicans Cut Allure of Going North.”

Aproximadamente 5.2% de la fuerza laboral del país está compuesto de inmigrantes indocumentados.  Passell and Cohn, “U.S. Unauthorized Immigration Population:  National and State Trends, 2010.”

Aproximadamente 65,000 inmigrantes indocumentados se gradúan de la escuela secundaria cada año, pero sólo 5-10% de ellos asisten a la universidad. Immigration Policy Center of the American Immigration Council, “The DREAM Act,” May 18, 2011.

 

Tendencias de la Inmigración en Texas

Se estima que viven 1.7 millones de inmigrantes indocumentados en Texas. Los inmigrantes indocumentados representan aproximadamente 6.7% de la población del estado. Jeffrey S. Passell and D’Vera Cohn, “U.S. Unauthorized Immigration Population:  National and State Trends, 2010,” Pew Hispanic Center, February 1, 2011.

Aproximadamente 9% de la fuerza laboral de Texas está compuesto de inmigrantes indocumentados. Passell and Cohn, “U.S. Unauthorized Immigration Population:  National and State Trends, 2010.”

Texas tiene un alto número de familias con estado mixto, lo cual significa que estas familias están compuestas de inmigrantes documentados, inmigrantes indocumentados, y ciudadanos estadounidenses. Investigaciones realizadas por el Pew Hispanic Center concluyeron que 75% de hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses, y 1 de cada 10 niños en Texas tiene un padre indocumentado.  Susan Carroll, “Study:  1 in 10 Texas Kids Has an Undocumented Parent” Houston Chronicle, April 14, 2009.

Muchos inmigrantes indocumentados están buscando activamente un camino legal a la ciudadanía. Colectivamente, Dallas, El Paso, Harlingen, Houston, y San Antonio aprobaron aproximadamente 48,900 solicitudes de inmigración en el año 2010. Julian Aguilar, “Legal Immigration Increases in Texas, U.S.,” The Texas Tribune, July 28, 2011.

 

Los Inmigrantes y la Economía

Un grupo de investigadores calcularon que si todos los inmigrantes indocumentados en Texas se fueran del estado, las pérdidas en un año (basado en cifras económicas del año 2008) serían de aproximadamente $69 mil millones en gastos totales, $31 mil millones en producto interno bruto, $19 mil millones en ingresos personales, y casi 400,000 puestos de trabajo se perderían.  The Perryman Group, “An Essential Resource:  An Analysis of the Economic Impact of Undocumented Workers on Business Activity in the US with Estimated Effects by State and by Industry,” (2008).

La producción total de bienes y servicios que consumen los inmigrantes a través del gasto de sus cheques de pago, así como todo lo que ellos producen para sus empleadores, es cerca de $800 mil millones. Además, los inmigrantes producen bienes y servicios a costos relativamente más bajos porque la población indocumentada típicamente recibe un salario que es cerca de 20% menos de lo que inmigrantes documentados reciben, lo cual resulta en precios más bajos para los consumidores estadounidenses y mayores beneficios para los empleadores. Raul Hinojosa, “A Massive Economic Development Boom,” Bloomberg Business Week, July 18, 2005.

La incorporación de inmigrantes poco calificados amplia el tamaño de la economía en general, lo cual crea puestos de trabajo con mejores salarios para administradores, artesanos, contadores, etc. El resultado neto es una mayor recompensa financiera y relativamente más oportunidades para ciudadanos estadounidenses que terminan la escuela secundaria. Daniel Griswold, “Higher Immigration, Lower Crime,” Center for Trade Policy Studies at the Cato Institute, December 2009.

Para los trabajadores que no terminaron la escuela secundaria, el efecto relativo de la inmigración a su salario es similar al efecto general. Para los trabajadores nacidos en los Estados Unidos que no terminaron la escuela secundaria se registró un aumento relativo de 0.3% a sus salarios (o $1.58 por semana) debido a la nueva inmigración entre los años 2003 y 2007.25 Para los trabajadores nacidos en el extranjero que no terminaron la escuela secundaria, se produjo un descenso relativo de 3.7% a sus salarios (o $15.71 por semana). Heidi Shierholz, “Immigration and Wages: Methodological Advancements Confirm Modest Gains for Native Born Workers,” Economic Policy, February 4, 2010. En otras palabras, la emigración de trabajadores que no terminaron la escuela secundaria sirvió para bajar los salarios relativos de otros trabajadores inmigrantes que tampoco terminaron la escuela secundaria; no bajó los salarios de trabajadores nacidos en los Estados Unidos con menos de un diploma de escuela secundaria.

Las leyes anti-inmigrantes a lo largo de los Estados Unidos han provocado malas relaciones a nivel internacional. Mientras que estados tales como Arizona, Oklahoma, Colorado, y Utah enfrentan pocas repercusiones al tener relaciones internacionales tensas, Texas está en una situación difícil por su gran dependencia en empresas extranjeras. Por ejemplo, en el año 2008, empresas extranjeras emplearon a 76,500 trabajadores en Arizona; en Texas ese número era 439,400. Arizona exportó $15.7 mil millones en el año 2010; Texas exportó $206.6 mil millones; y México representó el 35% de esas exportaciones, haciéndolo el mayor socio. International Trade Administration, “Texas:  Exports, Jobs, and Foreign Investment,” U.S. Department of Commerce, 2011.  Además, Texas es el sitio de inversión más importante para empresas extranjeras, con más de $119.25 mil millones en bienes de inversión directa extranjeros.  “Texas Wide Open for Business:  Texas Foreign Direct Investment,” Office of the Governor, Economic Development & Tourism Division, 2011. En los últimos años, Texas ha registrado un fuerte aumento en el número de visas otorgadas a los  mexicanos ricos que han invertido un millón de dólares o más y que han creado o conservado más de 10 puestos de trabajo.  Jeremy Schwartz, “Austin Beginning to Compete with Other Texas Cities for Wealthy Immigrants from Mexico,” Austin-American Statesman, June 6, 2011. Teniendo en cuenta la historia de México y su oposición pública a las leyes duras de inmigración, pasando propuestas de leyes similares en Texas podría instigar una mala relación con la comunidad empresarial internacional y otras partes interesadas.  “Prop. 187 Approved in California,” Migration News, (December 1994): 1, no. 11; también lean Bay Buchanan, “A Year after SB 1070, Activist Judges Stifling Immigration Enforcement,” TownHall.com, April 28, 2011.

Cuando leyes duras de inmigración resultan en una pérdida del empleo, las industrias más afectadas son la agricultura y la minería, dos sectores importantes para la economía de Texas. Huyen Pham, and Pham Hoang, “The Economic Impact of Local Immigration Regulation:  An Empirical Analysis,”  Cordoza Law Review, 32 no. 2 (2010):  485-518.  Actualmente en Texas, estamos viendo una escasez de mano de obra contratada en el sector agrícola; las leyes de inmigración que son demasiado punitivas sólo empeorarán este problema.  Jared Janes, “Texas Lawmakers Hope Bills Yield Patch for Farm-Labor Shortage,” The Brownsville Herald, March 21, 2011.

Estudios han demostrado que aumentar la aplicación de leyes de inmigración crea una probabilidad que los migrantes que llegan a los Estados Unidos permanecerán aquí. Wayne Cornelius, “Current Migration Trends from Mexico:  What Are the Impacts of the Economic Crisis and U.S. Enforcement Strategy?” The Mexican Migration Field Research and Training Program Center for Comparative Immigration Studies, University of California, San Diego. [PowerPoint presentation], June 8, 2009. Por lo tanto, en los estados con leyes duras de inmigración, los inmigrantes tienden a desplazarse a otras áreas dentro de los Estados Unidos, tomando su obra de mano barata y, en unos casos, industrias enteras con ellos. Por ejemplo, los inmigrantes que vivían en Arizona simplemente se han mudado a otros estados, tomando la industria agrícola con ellos y reduciendo los costos laborales en los estados cercanos como Oklahoma.  Kari Lydersen, “Arizona Bills Drives Immigrant Workers—and Anti-Immigrant Agendas—to Oklahoma,” In These Times Magazine, March 7, 2011. En algunos casos, los trabajadoras cambian de industria pero continúan trabajando en el área donde radican. Pham and Hoang, “The Economic Impact of Local Immigration Regulation:  An Empirical Analysis.”

 

La Aplicación de Leyes de Inmigración y las Escuelas

A nivel nacional, el número de policías empleados por tiempo completo en las escuelas secundarias está aumentando.  American Civil Liberties Union, “School to Prison Pipeline:  Talking Points,” June 6, 2008. La mayoría de las escuelas en Texas tienen policías en el campus. Texas Appleseed, “Texas’ School-to-Prison Pipeline:  Ticketing, Arrests & Use of Force in Schools:  How the Myth of the ‘Blackboard Jungle’ Reshaped School Disciplinary Policy,” December 2010. Estos oficiales tienen la misma discreción que cualquier otro oficial de la paz en Texas para hacer preguntas sobre la inmigración y asistir en la aplicación de leyes de inmigración.

Las propuestas legislativas que disuaden a niños indocumentados de asistir a la escuela pueden violar la ley constitucional, establecida en el caso de la Corte Suprema Plyler v. Doe. 457 U.S. 202 (1982). El caso de Plyler reconoció que los niños indocumentados tienen la misma protección y el derecho a asistir a la escuela pública, si de otro modo se ofrece como un servicio gratuito por el estado. Distritos escolares tratando de seguir a Plyler deberían ser prudentes en limitar la discreción de oficiales de la paz en su distrito para hacer preguntas sobre la inmigración o asistir en la aplicación de leyes de inmigración, o pueden enfrentar demandas de discriminación.

Desde la aprobación de la ley S.B. 1070 en Arizona, varias escuelas han reportado una pérdida en fondos la cual ha resultado en recortes de empleo debido a la caída de números de matriculación. University of Arizona, Southwest Institute for Research on Women, and Bacon Immigration Law and Policy Program, “Left Back:  The Impact of SB 1070 on Arizona’s Youth,” law.arizona.edu, September 2011.  Un fenómeno similar se está observando en Alabama desde la aprobación de una ley similar a S.B. 1070 en el año 2011. Uno de los distritos calculó que perderá $2 millones en fondos si los estudiantes que estaban ausentes en los días inmediatamente después de que la ley entró en vigor sí dejaron sus estudios o se retiraron de la escuela.  Alan Gomez, “Ala. Immigration Law Marked by Hispanic School Absences,” USA Today, October 4, 2011.

 

Los Inmigrantes y los Servicios Sociales

Inmigrantes indocumentados pagaron una contribución neta de $12 mil millones a la Seguridad Social en el año 2007. Stephen C. Goss, chief actuary of the Social Security Administration, September 3, 2010; también lean Edward Schumacher-Matos, “How Illegal Immigrants are helping Social Security,” The Washington Post, September 3, 2010.  Un centro de investigación calculó que en el año 2008, inmigrantes contribuyeron alrededor de $53 mil millones en impuestos a nivel nacional. Mark Stevenson, “Study:  100,000 Hispanics Leave Arizona after Immigration Law Debated,” msnbc.com, Nov 11, 2010.

Para el año 2007, el fondo fiduciario de Seguridad Social habrá recibido un beneficio neto de alrededor de $120 mil millones y $240 mil millones de inmigrantes indocumentados. Esto representa un asombroso 5.4% a 10.7% del total de activos del fondo fiduciario de $2.24 mil millones ese año. Stephen C. Goss, chief actuary of the Social Security Administration, September 3, 2010; también lean Edward Schumacher-Matos, “How Illegal Immigrants are helping Social Security,” The Washington Post, September 3, 2010.

El Informe Económico del Presidente durante el año 2005 llegó a la conclusión de que “sumando los beneficios y costos económicos de la inmigración muestra que con el tiempo, los beneficios de la inmigración superan los costos.” Ronald D. Lee, “Economic and Fiscal Impact of Immigration,” Testimony for Panel on the Demographic and Economic Impacts of Immigration, before the Senate Immigration Subcommittee,  September 9, 1997.

Personas que no son ciudadanos no tienen acceso a servicios sociales en Texas, a parte de los servicios de emergencia médica y de salud mental, y servicios limitados reservados para mujeres y niños. Carole Keeton Strayhorn, “Undocumented in Texas:  A Financial Analysis of the Impact to the State Budget and Economy,” Office of the State Comptroller – Texas, December 2006. Contrariamente a la creencia popular, los inmigrantes indocumentados nunca han sido elegibles para recibir ayuda a través de Medicaid, CHIP, estampillas de comida, o TANF.  Anne Dunkelberg, “Immigrants and Public Benefits in Texas,” Center for Public Policy Priorities, March 28, 2007.

Familias inmigrantes experimentan el doble de la tasa de la pobreza como sus contrapartes nacidos en los Estados Unidos, y 50% sufren de inseguridad alimentaria. Curtis Skinner, “SNAP Take-Up among Immigrant Families with Children,” National Center for Children in Poverty, March 2011; también lean Heidi Shierholz, “The Effects of Citizenship on Family Income and Poverty,” Economic Policy Institute, February 24, 2010; también lean Alisha Coleman-Jensen, Mark Nord, Margaret Andrews and Steven Carlson, “Household Food Security in the United States in 2010,” United States Department of Agriculture Economic Research Service, September 2011

 

La Seguridad Fronteriza

En el presupuesto para el año fiscal 2011, la Administración de Obama solicitó una consignación neta de $45 mil millones para la autoridad presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, “DHS”). Jennifer E. Lake, “Homeland Security Department:  FY 2011 Appropriations,” [Congressional Research Service Report for Congress], Prepared for Members and Committees of Congress, (Washington, D.C.:  7-5700), December 23, 2010, www.crs.gov, R41189.

  1. Dentro de esa petición, las consignaciones netas para Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, “CBP”, que incluye la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos) se han fijado en $9.8 mil millones.
  2. Las consignaciones netas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, “ICE”) son $5.7 mil millones.
  3. $50 millones fueron solicitados para las subvenciones a la policía local en las regiones fronterizas a través de un programa de subvención llamado “Operación Stonegarden,” cuyo nombre fue cambiado al Programa Estatal de Seguridad Nacional. En el año fiscal 2009, Texas recibió casi $30 millones a través del programa “Operación Stonegarden.”  National Immigration Forum.  ”Operation Stonegarden Fact Sheet.”  Washington, D.C., 2010; también lean Josh Filler, “An Analysis of the Fiscal Year 2011 Homeland Security Grants,” emergencymangament.com, February 3, 2010.

Un reporte reciente realizado por el Associated Press calcula que el gobierno federal ha gastado un total de $90 mil millones para la seguridad fronteriza entre los años 2000 y 2010.  Martha Mendoza, “$90b Spent on Border Security, with Mixed Results,” Boston.com, June 26, 2011.

En el año fiscal 2010, los Estados Unidos utilizaron 20,163 agentes de la Patrulla Fronteriza. La mayoría de los agentes están estacionados en la frontera entre México y los Estados Unidos.  Politifacts.com, “U.S. Has More Border Patrol Agents on the Border than Ever, but Debate Goes On,” St. Petersberg Times, July 2, 2010. En Texas y Nuevo México específicamente, un total de 9,373 agentes de la Patrulla Fronteriza (46% de todos los agentes) están estacionados ahí. Jennifer E. Lake, “Homeland Security Department:  FY 2011 Appropriations.”

En el año 2005, las regiones fronterizas en Texas empezaron a implementar “Operation Streamline,” una póliza que ha aumentado el número de procesos penales federales por entrar sin documentos y por reingresar sin documentos. Desde entonces, los procesos por entrar sin autorización se han incrementado 136%, mientras que los procesos por reingresar sin autorización se han incrementado un 85%. Esto tiene un costo estimado de $1.2 mil millones durante el transcurso de cinco años.  Tara Buentello, Sarah V. Carswell, Nicholas Hudson, and Bob Libal, “Operation Streamline:  Drowing Justice and Draining Dollars along the Rio Grande,” Grassroots Leadership, July 2010. Este aumento ha posicionado el reingreso sin autorización como la carga penal principal a nivel federal.  Transactional Records Access Clearinghouse, “Illegal Reentry Becomes Top Criminal Charge,” Syracuse University, June 10, 2011.

 

La Detección en Las Cárceles Federales y Los Programas de Acceso de ICE

A partir del año 2010, los Estados Unidos tiene 14 programas de ICE de Acuerdos de Cooperación en las Comunidades Para Mejorar la Seguridad y la Protección (ICE ACCESS). Estos programas intentan mejorar la cooperación entre las agencias policíacas locales y ICE para implementar las leyes de inmigración. De estos programas, los que más se usan incluyen el Programa de Extranjeros Criminales (“Criminal Alien Program”), Comunidades Seguras (“Secure Communities”), y el Programa 287(g). Detention Watch Network, Families for Freedom, Immigrant Defense Project and National Immigration Project of the National Lawyers Guild, “Deportation 101:  A Community Resource on Anti-Deportation Education and Organizing,” May 2010.

Programa de Extranjeros Criminales (“Criminal Alien Program” – CAP): Esto empezó como un programa piloto en el año 1986 para permitir que investigadores de ICE (en ese entonces se llamaba INS) entraran a las prisiones y cárceles para entrevistar a personas que se creía que habían entrado sin documentos a los Estados Unidos. Christopher N. Lasch, “Enforcing the Limits of the Executive’s Authority to Issue Immigration Detainers,” William Mitchell Law Review 32, no. 1 (2008): 166-167. CAP ha sido implementado a nivel nacional; con la asistencia de fondos y tecnología nueva, agentes de inmigración tienen la capacidad de detectar casi todas las personas nacidas en el extranjero detenidas en cárceles en Texas, por teléfono o en persona. El presupuesto de CAP durante el año fiscal 2009 era $150 millones y para 2010 era $200 millones. Department of Homeland Security, “ICE Enforcement Salaries and Expenses FY2009,” ICE Newsroom, [Congressional Justification, S&E 35], 2009. Una vez que personas sospechadas de estar aquí sin documentos son identificadas, los agentes de ICE colocan una orden de detención o “arraigo” en la persona; cuando la persona sale de la cárcel, él o ella es transferido a la custodia de ICE.  U.S. Customs and Immigration Service, “Fact Sheet:  Criminal Alien Program,” March 29, 2011.

Comunidades Seguras (“Secure Communities”): Mediante el programa de “Comunidades Seguras,” las huellas digitales de las personas detenidas se analizan usando un banco de datos que contiene información de inmigración y del FBI (“Federal Bureau of Investigations” – Oficina Federal de Investigaciones). Immigration Policy Center, “Secure Communities: A Fact Sheet,” November 4, 2010. Si una persona es identificada a través del uso de ese banco de datos, ICE coloca un “arraigo,” u “orden de detención” en esa persona.

Programa 287(g): En virtud de un acuerdo con el gobierno federal, las autoridades locales pueden recibir entrenamiento para ejercer algunas de las facultades de los agentes federales de inmigración. Creado por 8 U.S.C. Section 1357(g).

Las cárceles locales y centros de TDCJ (“Texas Department of Criminal Justice” – Departamento de Justicia Penal de Texas) en Texas participan en el programa CAP.  Andrea Guttin, “The Criminal Alien Program, Immigration Enforcement in Travis County, Texas,” Immigration Policy Center, February 2010; también lean U.S. Immigration and Customs Enforcement, “Texas Prison System is the First to Partner with ICE to Automatically Identify and Remove Criminal Aliens:  All Detainees Sent to Prison Will Have Criminal and Immigration Records Checked,” ICE Newsroom, May 19, 2009.  CAP ha tenido más éxito que cualquier otro programa en poner a personas en procesos de deportación. En el año 2009, 48% de las personas deportadas fueron identificadas a través del programa CAP. Dora Schriro, “Immigration Detention Overview and Recommendations,” Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement, October 8, 2009.

Texas participa al 100% en el programa de “Comunidades Seguras” en sus cárceles y centros estatales. U. S. Immigration and Customs Enforcement, “ICE ‘Secure Communities’ Program Now Activated in All Texas Counties: Secure Communities Strategy Prioritizes Immigration Enforcement Actions against Convicted Criminal Aliens,” September 29, 2010.

Aunque los programas CAP y “Comunidades Seguras” intentan identificar extranjeros criminales peligrosos, muchas personas que son identificadas para la deportación no tienen antecedentes penales.  U.S. Customs and Immigration Service, “Fact Sheet:  Criminal Alien Program;” también lean Immigration Policy Center, “Secure Communities: A Fact Sheet,” November 4, 2010; también lean ACLU of Arizona, “In Their Own Words:  Enduring Abuse in Arizona Immigration Detention Centers,” ACLU of Arizona, 2011.  Un estudio de los datos dirigido por el Centro para Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Organización Nacional de Jornaleros (National Day Laborer Organization), y la Escuela de Leyes de Cardozo (Cardozo School of Law) encontró que el Condado de Travis en Texas encabeza a la nación en la deportación de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, debido al uso del programa de “Comunidades Seguras”; 82% de los inmigrantes que han sido deportados a través del programa de “Comunidades Seguras” en el Condado de Travis no tenían antecedentes penales. Tony Plohetski, “Travis County Leads Nation in Deporting Noncriminal Immigrants, Group Finds,” Austin-American Statesman, August 10, 2010.

Aunque la mayoría de legisladores en Texas apoyan la plena aplicación del programa de “Comunidades Seguras,” la resistencia a este programa a nivel nacional ha ido en aumento desde la introducción del programa. Varios funcionarios de la ciudad, del condado, y del estado han expresado su preocupación con el programa, argumentando que “Comunidades Seguras” no cumple con su intención declarada de identificar y deportar a delincuentes extranjeros de alto riesgo y, de hecho, que tiene consecuencias negativas para la seguridad pública. Deportation Nation, “Secure Communities Timeline,” DeportationNation.org, 2011.

La cárcel más grande de Texas, la Cárcel del Condado de Harris, entró en un acuerdo de 287(g) con ICE en el año 2008, lo cual permitió que los diputados del sheriff sean especialmente capacitados para ejercer algunas de las facultades de los agentes de ICE. Mizanur Rahman, “Local Deputies Can Now Enforce Immigration Laws,” Houston Chronicle, August 15, 2008. Este acuerdo le ayuda a ICE a conservar sus recursos a costa del condado. El Condado de Harris actualmente gasta $1.1 millones al año para implementar su Programa 287(g). Harris County Sheriff’s Department, personal communication with TCJC, February 17, 2011.

 

La Aplicación de Leyes de Inmigración a Nivel Local y la Seguridad Pública

La ley de inmigración federal no requiere y, de hecho, legalmente no puede exigirle a las autoridades locales u otras entidades locales que les hagan preguntas sobre la inmigración a personas detenidas, y las autoridades federales no pueden diputar a la policía local para hacer preguntas sobre la inmigración sin formación especializada establecida bajo el programa de 8 U.S.C. § 1357(g).83

Pólizas que mandan o alientan a la policía local para actuar como agentes federales de ICE utilizan cantidades masivas de recursos valiosos:

  1. El costo diario de proveerle vivienda a un preso en una cárcel en Texas es aproximadamente $60 a $70 en condados urbanos. Brandon Wood, Assistant Director of the Texas Commission on Jail Standards, personal communication with TCJC, December 14, 2011. Información sobre el condado de Travis también se encuentra en Andrea Guttin, “The Criminal Alien Program:  Immigration Enforcement in Travis County, Texas,” Immigration Policy Center, February 2010.  Todos los nuevos inmigrantes encarcelados y detenidos por un delito menor debido a un análisis de inmigración tendrá un costo de cientos o hasta miles de dólares. Programas federales, incluyendo CAP y “Comunidades Seguras” son una carga adicional para los condados porque tienen que proveerle vivienda a inmigrantes con una orden de detención por periodos de tiempo más largos, sin ayuda para cubrir estos costos.
  2. Las autoridades en Texas han calculado que la aplicación de leyes de inmigración a nivel local le podría costar a las cárceles locales entre $1 y $4.5 millones cada año.  Christy Hoppe, “Sanctuary Cities Gets First Hearing,” DallasNews.com, March 2, 2011.
  3. Recursos para los funcionarios de la paz en todos los ámbitos ya se han estirado y enfrentan recortes del presupuesto, incluso sin la aplicación de nuevas medidas a nivel local. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) cuenta actualmente con una tasa de vacancia de 10% y 370 de los puestos comisionados para oficiales están vacíos. Además, a DPS, al igual que todos los servicios públicos, se le ha pedido que recorte su presupuesto a causa de un déficit presupuestario de $18 mil millones. Brandi Grissom, “State law enforcement lags local police in pay,”  The Texas Tribune, August 3, 2010.  A nivel local, Houston enfrenta una escasez de presupuesto de 5%,87 es posible que a los policías en Dallas les paguen 5% menos, y Austin se enfrenta a una sistema obligatorio de 20 días de permiso y una reducción de 8% a los salarios.  Andy Cerota, “HPD, Libraries Could End Up on Budget Chopping Block,” KTRK-TV Houston, March 4, 2011; también lean Rebecca Lopez, “Dallas Police Unions Battle with City Over Budget Cuts,” WFAA.com, May 12, 2011; también lean “AISD Budget Cuts Affect Police” MyFoxAustin.com, March 14, 2011.
  4. Actualmente el tiempo de respuesta para llamadas al 911 de alta prioridad en el Condado de Harris (por ejemplo, para un ataque de corazón, robo en progreso con una familia en casa, etc.) es 5 minutos. Harris County Sheriff’s Department, personal communication with TCJC, February 24, 2011.  El Condado de Dallas tiene un tiempo de respuesta de 3 minutos para llamadas de alta prioridad. Dallas County Sheriff’s Department, personal communication with TCJC, March 1, 2011. Cuando los funcionarios de la paz pasan su tiempo aplicando la ley de inmigración – por ejemplo, pidiéndole a un conductor por una prueba de su estatus migratorio, y haciendo un arresto por una violación de tránsito para que las autoridades de inmigración puedan recoger a los inmigrantes de la cárcel – estos funcionarios ya no están disponibles para responder a las llamadas de alta prioridad. National Immigration Forum, “Deficits, Lawsuits, Diminished Public safety:  Your State Can’t Afford SB 1070,” December 30, 2010.
  5. Los estudios de otros programas por todo el país que promueven a la policía para hacer el trabajo de ICE han demostrado una enorme pérdida de recursos. Por ejemplo, durante el transcurso de dos años, los programas en el Condado de Prince Williams en Virginia desviaron $3 millones de fondos para batallar el crimen hacia le detención de personas que cometieron delitos menores y eran sospechadas de ser indocumentadas. Thomas M. Guterbock et al., “Evaluation Study of Prince William County’s Illegal Immigration Enforcement Policy,” 2010.
  6. Una estimación preparada por el Condado de Yuma en Arizona calculó que la aplicación de leyes de inmigración a nivel local le costaría a este condado de 200,000 personas por lo menos $22 millones para ejecutarlo y operarlo. National Immigration Forum, “Deficits, Lawsuits, Diminished Public safety:  Your State Can’t Afford SB 1070.”

La aplicación de leyes federales de inmigración a nivel local disminuye la confianza entre agentes locales de la policía y la comunidad que sirven:

  1. Familias inmigrantes y de estatus mixto paran de reportar delitos serios y violentos, y testigos que son inmigrantes que ven comportamiento sospechoso no lo reportan ante el temor de ser deportados. University of Arizona, Southwest Institute for Research on Women, and Bacon Immigration Law and Policy Program, “Left Back:  The Impact of SB 1070 on Arizona’s Youth,” law.arizona.edu, September 2011.
  2. Los estudios han mostrado que los sobrevivientes de abuso doméstico son menos probables de buscar por servicios sociales o reportar a sus agresores. “Shelters fear SB1070 could prevent domestic violence victims from seeking help,” Kvoa.com, June 29, 2010.

La aplicación de leyes de inmigración a nivel local causa la discriminación racial y empeora las condiciones para el abuso:

  1. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2009, cuando la policía en Irving, Texas recibió por primera vez acceso de 24 horas por día al sistema de detección de inmigración de ICE en la cárcel local, las detenciones de Latinos por violaciones de tránsito se dispararon, mientras las detenciones de Anglosajones y Afro-Americanos por violaciones de tránsito se mantuvieron constantes. Muchos Latinos que fueron arrestados por delitos menores eran en realidad ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Trevor Gardner II, and Aarti Kohli,  “The C.A.P. Effect:  Racial Profiling in the Criminal Alien Program,” The Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity and Diversity, University of California, Berkeley Law School, September 2009.
  2. Un reciente informe del grupo No Más Muertes (No More Deaths) en Arizona ha documentado más de 30,000 casos de abusos cometidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante el transcurso de tres años. No More Deaths, “A Culture of Cruelty:  Abuse and Impunity in Short-Term U.S. Border Patrol,” cultureofcruelty.org, 2011. Además, hay docenas de noticias sobre ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y deportados bajo la custodia de ICE. Sarah V. Carswell, “ICE Errors,” November 2011, TCJC. Aunque los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS) han recibido entrenamiento sobre la inmigración, aún están plagados de demandas y violaciones de los derechos humanos. La policía local será aún más vulnerable a agentes corruptos y reclamos de abuso a los inmigrantes.
  3. En Texas, muchas cárceles de los condados han tenido problemas con el hacinamiento en algún momento durante los últimos años. Alentar a las autoridades locales a participar en la ley de inmigración podría llevar a grandes cárceles de Texas de nuevo a estar sobre la capacidad. El hacinamiento en las cárceles en Texas resulta en condiciones carcelarias deficientes e inconstitucional a veces, lo cual puede resultar en costosos litigios.
  4. Hasta las autoridades locales han hecho declaraciones contra las propuestas que son anti-inmigración, afirmando que extienden a recursos que ya son escasos y ponen en peligro la confianza del público.  National Immigration Forum, “Deficits, Lawsuits, Diminished Public safety:  Your State Can’t Afford SB 1070;” also see Christy Hoppe, “Sanctuary Cities Gets First Hearing.” Este sentimiento se ve reflejado entre las bases de la fuerza policial. En general los policías no quieren aplicar las leyes federales de inmigración, porque creen que la práctica podría tener un impacto negativo en la seguridad pública y llevar a un aumento en los juicios civiles. Mary Malina, Ed., “The Role of Local Police:  Striking a Balance between Immigration Enforcement and Civil Liberties,” The Police Foundation, April 2009.

 

El Impacto de Las Leyes Estatales Anti-Inmigrante

La Propuesta 187 en California durante el año 1994, una medida que creó un sistema de detección estatal para impedir a los inmigrantes indocumentados el uso de una variedad de servicios sociales, se estima que fue extremadamente costoso para el estado. Si la propuesta hubiese sido confirmada en el tribunal, el pleno cumplimiento le hubiera costado cerca de $15 mil millones a California.  Nancy H. Martis, “#187 Illegal Aliens; Ineligibility for Public Services; Verification and Reporting,” California Journal,1994. Aún así, California ha visto los efectos sociales de largo plazo. Por ejemplo, un grupo de investigadores encontró una disminución en el uso de servicios ambulatorios de salud mental de los Latinos, pero estos servicios fueron contrarrestados por un aumento en el uso de servicios de crisis más caros. Joshua J. Fenton, Ralph Catalano, and William A. Hargreaves, “Effect of Proposition 187 on Mental Health Service Use in California:  A Case Study,” Health Affairs, 15, no. 1 (1996): 182-190.

En el año 2006, Colorado aprobó H.B. 1023, la cual prohibió el gasto por parte del estado en la inmigración indocumentada. De acuerdo con un informe realizado por el Comité Conjunto Presupuestario en Colorado (Colorado Joint Budget Committee), la ley le costó al estado $2 millones para aplicarla durante el primer año y no le ahorró dinero al estado.  Mark P. Couch, “Colo. Immigration Law Falls Short of Goal,” Denverpost.com, January 25, 2007.

En el año 2007, Oklahoma aprobó H.B. 1804, un proyecto de ley que le prohibió al estado a proporcionar educación, cuidado médico, y otros servicios a inmigrantes indocumentados, incluyendo a los bebés, e hizo necesario que la policía revisara el estatus migratorio de cualquier persona que era “sospechada” de ser indocumentada, entre otras medidas anti-inmigrantes. El impacto económico en el estado fue alarmante:

  1. Un estudio mostró una disminución de 3% en la fuerza laboral en general, una disminución en la producción, una disminución en salarios que requieren altas calificaciones, y una disminución en el Producto Interno Bruto del Estado como consecuencia de la aprobación de la ley. Economic Impact Group, L.L.C., “A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis of the Impact of the Oklahoma Taxpayer and Citizen Protection Act of 2007,” Edmond, OK:  Economic Impact Group, L.L.C., March 24, 2008.
  2. Un estudio reciente muestra que la ley de Oklahoma tuvo costos sociales enormes y, finalmente, no logró sus objetivos declarados. Algunos de los costos sociales incluyen: creando una “cultura de miedo” entre la comunidad Latina; obstaculizando la capacidad de los niños para recibir los beneficios públicos a los que tienen derecho; matriculación más baja en escuelas K-12; menores tasas de terminación de la universidad; y un nivel de dirección insuficiente para proveedores de servicios, lo cual creó ineficiencias burocráticas dentro del sector de los servicios sociales, que afecta negativamente a todos los usuarios de los servicios. Robin Koralek, Juan Pedroza, and Randy Capps, “Untangling the Oklahoma Taxpayer and Citizen Protection Act:  Consequences for Children and Families,”National Council of La Raza, Washington, D.C., 2010.

En abril 2010, Arizona aprobó S.B. 1070, un proyecto de ley que ordena que la policía local debe aplicar leyes federales de la inmigración. Aunque la ley no entró en vigor el 100%, varias repercusiones documentadas han surgido:

  1. El estado de Arizona ha perdido millones de dólares. Boicots masivos de Arizona han contribuido a grandes pérdidas en las industrias del estado tales como el turismo y las convenciones. En noviembre del año 2010, Arizona ya había perdido un estimado de $141 millones en gastos de consumo y $9.4 millones en ingresos fiscales. Marshall Fitz, and Angela Kelley, “Stop the Conference:  The Economic and Fiscal Consequences of Conference Cancellations Due to Arizona’s S.B. 1070,” Center for American Progress, November 2010. Una cantidad adicional de $250,000 vino directamente del estado, en un intento para impulsar el turismo. Ginger Rough, and Dawn Gilbertson, “Governor Out to Rebrand Arizona Over Immigration Law Criticism,” The Arizona Republic, May 11, 2010.
  2. Los inmigrantes indocumentados han comenzado a consumir  menos por miedo de salir de sus casas, lo cual ha causado una disminución de 70-80% en las ventas en algunos casos. Jeff Tyler, “Hispanics Leave AZ over Immigrant Law,” American Public Media, June 14, 2010.
  3. A los seis meses de que la ley S.B. 1070 fue aprobada, aproximadamente 100,000 Latinos habían huido del estado. Mark Stevenson, “Study:  100,000 Hispanics Leave Arizona after Immigration Law Debated,” msnbc.com, Nov 11, 2010.
  4. Los sobrevivientes de violencia doméstica se han vuelto menos propensos a buscar servicios y denunciar a sus agresores, y las autoridades locales han declarado en contra de propuestas que son anti-inmigración, afirmando que extienden recursos que ya son escasos y ponen en peligro la confianza del público.  “Shelters fear SB1070 could prevent domestic violence victims from seeking help,” Kvoa.com, June 29, 2010.
  5. La ley S.B. 1070 ha causado un aumento en las tasas de deserción escolar y matriculación en las escuelas públicas, y la Universidad de Arizona publicó un comunicado indicando una disminución en la matriculación en la escuela. Naeema Hernandez, “Dreams Deferred for Latino Youth:  SB 1070 Likely to Increase Latino Dropout Rates,” National Women’s Law Center, June 17, 2010; también lean Andrea Fuller, “Arizona College Officials Worry about Effects of New Immigration Law,” The Chronicle of Higher Education, April 30, 2010.
  6. Un informe reciente que analiza el impacto de la ley S.B. 1070 en Arizona encontró que el número de estudiantes en la escuela secundaria en Arizona sin sus padres aumentó, y en unas áreas este número hasta es el doble. El matrimonio entre adolescentes para fines de inmigración también aumentó, y problemas de salud relacionadas al estrés entre jóvenes en escuelas secundarias aumentaron. University of Arizona, Southwest Institute for Research on Women, and Bacon Immigration Law and Policy Program, “Left Back:  The Impact of SB 1070 on Arizona’s Youth,” law.arizona.edu, September 2011.
  7. Varias escuelas han reportado un incremento en los recortes de empleos debido a los bajos números de matriculación y los bajos niveles de financiamiento. University of Arizona, “Left Back:  The Impact of SB 1070 on Arizona’s Youth.”

En el año 2011, Alabama aprobó la propuesta más anti-inmigrante en la historia de los Estados Unidos. Aunque los efectos de esta propuesta aún están bajo evaluación, los efectos negativos en las escuelas ya están claros. Un distrito escolar ha estimado que perderá $2 millones en fondos si resulta que los estudiantes que estaban ausentes en los días inmediatamente después de que la ley entró en vigor sí dejaron sus estudios o se retiraron de la escuela.  Alan Gomez, “Ala. Immigration Law Marked by Hispanic School Absences,” USA Today, October 4, 2011. Además, Alabama ha experimentado un aumento en las transferencias de custodia de niños, indicando que muchas familias de estatus mixto se están preparando para ser despedazadas. Associated Press, “Immigrants Fearing Deportation in Alabama Make Plans for Kids,” Austin American Statesman, October 10, 2011.

 

La Inmigración y el Crimen

Estar en los Estados Unidos sin la documentación adecuada no es un crimen. Mientras que ingresar al país sin documentos es un delito menor federal, casi la mitad de los inmigrantes indocumentados en este país llegaron con una visa válida y no se han violado las leyes penales por quedarse más tiempo.  ACLU of Northern California, “Costs and Consequences: The High Price of Policing Immigrant Communities,” February, 2011.

Docenas de estudios han demostrado que los inmigrantes cometen menos delitos que sus contrapartes nacidos en los Estados Unidos. Generalmente, los inmigrantes vienen a los Estados Unidos a trabajar, y participar en actividades criminales pone en peligro esa situación.  Daniel Griswold, “Higher Immigration, Lower Crime,” Center for Trade Policy Studies at the Cato Institute, December 2009; también lean ACLU of Northern California, “Costs and Consequences: The High Price of Policing Immigrant Communities;” también lean Kristin F. Butcher, and Anne Morrison Piehl, “Crime, Corrections, and California,” California counts: Population Trends and Profiles, 9, no. 3, February 2008; también lean Ruben G. Rumbaut and Walter A. Ewing, “The Myth of Immigrant Criminality,” Borderbattles.ssrc.org, May 23, 2007.

  1. Un estudio reciente realizado por el Instituto Cato muestra que los inmigrantes cometen menos crímenes que sus contrapartes nacidos en los Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados que vienen de Centroamérica tienen menos de la mitad de la tasa de encarcelamiento de los blancos nacidos en los Estados Unidos. Además, los inmigrantes sin un diploma de la escuela secundaria tienen una tasa de encarcelamiento que es sólo una séptima parte de la tasa de encarcelamiento de personas nacidas en los Estados Unidos que han abandonado sus estudios.  Griswold, “Higher Immigration, Lower Crime.
  2. Los inmigrantes Latinos cometen menos crímenes que los Latinos que se han asimilado a los Estados Unidos. Según una edición reciente de El Conservador Americano (The American Conservative), “en casi cada grupo étnico, Hispanos o no, las generaciones inmigrantes tienen tasas más bajas de comportamiento criminal que sus hijos nacidos en los Estados Unidos.” Ron Unz, “His-Panic:  Talk TV Sensationalists and Axe-Grinding Ideologues Have Fallen for a Myth of Immigrant Lawlessness,” The American Conservative, 9, no. 3, (2010), 22-31.

Docenas de estudios han mostrado que durante los últimos 10-15 años, mientras que las tasas de inmigración han subido, los índices de delincuencia han bajado.  Rumbaut and Ewing, “The Myth of Immigrant Criminality.” El Instituto Cato encontró que altos niveles de inmigración rinden tasas más bajas de crimen en general porque la presencia de trabajadores poco calificados empuja a los ciudadanos estadounidenses hacia puestos que requieren mejores calificaciones y a la clase media en general.  Griswold, “Higher Immigration, Lower Crime.”

Las áreas con una alta población de inmigrantes recién llegados, tales como El Paso y San Antonio, históricamente han tenido muy bajos índices de criminalidad en comparación con las ciudades de tamaño similar. Los estudios han demostrado que en ciudades estadounidenses, entre más grande la población Hispana, menor será la tasa de criminalidad. Cuando se comparan con ciudades donde la mayoría de la población es blanca, las ciudades mayormente Hispanas tienen tasas por lo menos 10% más bajas para homicidios y 15% para crímenes violentos. ACLU of Northern California, “Costs and Consequences:  The High Price of Policing Immigrant Communities.” Por ejemplo, El Paso se considera “una de las ciudades grandes más seguras en los Estados Unidos.”  Radley Balker, “The El Paso Miracle:  How Can a Comparatively Poor, High-Immigration Town that Sits Across the Border from Super-Violent Cuidad Juarez Be One of the Safest Big Cities in America?” Reason Magazine, July 6, 2009. Con una población que es 80% Latina, El Paso tiene la tasa más baja para homicidios y robos que cualquier ciudad grande en los Estados Unidos. Unz, “His-Panic:  Talk TV Sensationalists and Axe-Grinding Ideologues Have Fallen for a Myth of Immigrant Lawlessness.”

Un estudio realizado por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse mostró que mientras el número de casos pendientes de resolución antes los tribunales de inmigración ha llegado a su punto más alto en toda su historia (más de 280,000 casos), casos criminales, de la seguridad nacional, y de terrorismo están disminuyendo. Transactional Records Access Clearinghouse, “Rising Immigration Backlog at All-Time High yet Criminal, National Security, and Terrorism Cases Fall,” Syracuse University, September 14, 2011.

 

Los Puestos de Control y Análisis de Placas

Aunque el propósito de tener puestos de control para revisar licencias de conducir es asegurarse de que los conductores tienen una licencia y el seguro adecuado, las autoridades locales que las vigilan tienen la oportunidad de sobrepasar los límites. En El Paso en el año 2006, los puestos de control fueron cerrados después de que reclamaciones de discriminación racial y búsquedas e incautaciones ilegales provocaron demandas contra la Oficina del Sheriff.  “Sheriff’s Office Facing Lawsuit,” KFOXTV.com, May 26, 2006.

 

La Detención y la Deportación de los Inmigrantes

A pesar de la disminución de la inmigración indocumentada durante los últimos años, el número de inmigrantes detenidos ha aumentado considerablemente. Muchos han argumentado que esto está relacionado con el interés que la industria de prisiones privadas tiene en mantener una población que les permita ganar más dinero. Tara Buentello, Sarah V. Carswell, Nicholas Hudson, and Bob Libal, “Operation Streamline:  Drowing Justice and Draining Dollars along the Rio Grande,” Grassroots Leadership, July 2010; también lean William Fisher, “The Corrupt Corporate Incarceration Complex,” TruthOut.org, July 1, 2011.

Aproximadamente el 37% de camas federales para la detención de inmigrantes se encuentran en Texas. Las camas para la detención de inmigrantes están repartidas entre 11 centros a través del estado y, en el año fiscal 2009, tenían una población media de 7,811 detenidos diariamente. Sarah V. Carswell, “ICE Detention Facilities and Detainees,” Grassroots Leadership. Todos menos dos de los centros son propiedad privada, en virtud de un contrato con el gobierno federal.  Buentello et al., “Operation Streamline:  Drowing Justice and Draining Dollars along the Rio Grande.”

En el año 2010, el gobierno de los Estados Unidos deportó a casi 400,000 personas. Este es el mayor número de deportaciones que el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo en un año. Vale la pena señalar que la mayoría de las personas deportadas (67%) eran extranjeros sin antecedentes penales. Además, 15.4% de los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales sólo habían cometido delitos de inmigración tal como ingresar o reingresar a los Estados Unidos sin autorización.  Department of Homeland Security Office of Immigration Statistics, “Immigration Enforcement Actions:  2009,” August, 2010.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a aproximadamente 100,000 personas de Texas en el año 2010, o 25% de las 393,289 deportaciones realizadas en todo el país.  Ronald Trowbridge, “Immigration Bills Face Likely Dead Ends in Texas,”  Austin American-Statement, January 18, 2011, A8.

El Departamento de Detención y Deportación tiene un presupuesto de $2.75 mil millones a nivel nacional y la capacidad suficiente para detener a 33,400 inmigrantes al mismo tiempo. Entre los años 2001 y 2010, el número de inmigrantes que estuvieron detenidos por ICE cada año casi se ha duplicado, de 209,000 a 392,000 personas.  National Immigration Forum, “The Math of Immigration Detention: Runaway Costs for Immigration Detention Do Not Add Up to Sensible Policies,” Immigration Forum.org, August 2011.

En el año 2010, DHS proporcionó el financiamiento para 33,400 camas para la detención de inmigrantes. Según datos recientes, la población media es 31,771 diariamente y el costo de detener a una persona es $80 diariamente. Esta cantidad se aproxima a $2.5 millones cada día, o $927.7 millones cada año para la detención de inmigrantes. Algunos legisladores han abogado por la ampliación de centros para acomodar a los 300,000 inmigrantes indocumentados que viven actualmente en los Estados Unidos sin órdenes de deportación. Sin embargo, para encarcelar esta cantidad de personas por un día costaría $24 millones, o $8.8 mil millones por año. Esto no incluye la construcción de prisiones, transporte, deportación, salarios administrativos, y otros costos asociados con los procesos de detención y deportación. Chad C. Haddal and Alison Siskin, “Immigration-Related Detention:  Current Legislative Issues,” Congressional Research Service, January 27, 2010.